
En una operación conjunta, la Policía de la Ciudad y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal desbarataron un criadero ilegal de perros en Parque Chas, detuvieron a una falsa médica veterinaria y rescataron a 22 canes, mayoritariamente de las razas Pug y Bulldog Francés, que se encontraban en condiciones deplorables de higiene y salubridad.
La División Delitos Ambientales, en colaboración con la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurian, y la Secretaría Única a cargo del Dr. Ricardo Bomparola, llevaron a cabo una exhaustiva investigación. Dicha investigación reveló que el criadero operaba en una vivienda en la calle Andonaegui al 1600. Basándose en las pruebas recabadas, el Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 28, bajo la jurisdicción de la Dra. Julia Correa, emitió la orden de allanamiento.
Durante el operativo, personal de la División Delitos Ambientales y funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) ingresaron al domicilio y encontraron a 22 perros hacinados en jaulas. La vivienda presentaba condiciones de higiene sumamente deficientes, y muchos de los animales sufrían de graves problemas de salud, tales como cáncer, infecciones uterinas y neoplasias en la piel. Estos diagnósticos fueron confirmados por los veterinarios de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) presentes en el lugar.
Las tres personas que operaban el criadero fueron identificadas y acusadas de maltrato y crueldad animal. Durante la inspección, se descubrieron medicamentos veterinarios, vacunas, jeringas hipodérmicas, libretas sanitarias y certificados de vacunación firmados por una de las imputadas, quien no contaba con título habilitante y utilizaba un sello veterinario falso. Esta persona fue detenida y trasladada a una alcaidía de la Policía de la Ciudad.
Los perros rescatados fueron entregados a una organización no gubernamental especializada en el tratamiento y recuperación de animales maltratados. Posteriormente, estos animales serán puestos en adopción responsable. Además, la APRA ordenó la clausura inmediata del criadero, declarando ilegal la actividad que se desarrollaba en la vivienda.
El operativo subraya el compromiso de las autoridades locales en la lucha contra el maltrato animal y la protección de los derechos de los animales, garantizando que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus acciones.