user14 
15 de abril de 2023
La discusión sobre la efectividad y la aplicación de la Ley de alquileres, conocida como Ley 27.551, vuelve a estar en el centro del debate en la Ciudad de Buenos Aires. Distintas voces defienden la normativa frente a las críticas que buscan atribuirle la responsabilidad de la actual crisis habitacional.
Maximiliano Vittar, abogado perteneciente al Movimiento Nacional de Inquilinos, argumenta que la crisis habitacional no es un problema surgido a raíz de la nueva ley, sino que precede a la normativa y tiene raíces mucho más profundas. Por su parte, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, considera que lo que está en juego en esta disputa es la decisión sobre cómo y quién regula los alquileres, si el mercado o el Estado.
Diversos especialistas y activistas consideran que desde la sanción de la Ley 27.551, ciertos sectores del mercado inmobiliario, con la complicidad de medios masivos, han intentado instalar la idea de que la ley sería perjudicial para la sociedad. A pesar de las críticas, los defensores de la norma señalan que ha permitido que el Estado tenga una intervención más activa en la regulación del sector.
Vittar hace hincapié en la necesidad de diferenciar entre las problemáticas económicas, como la inflación, y las disposiciones de la ley. La norma ha buscado establecer mecanismos que limiten los aumentos desmedidos de los alquileres. Muñoz recuerda que antes de la ley, el mercado determinaba por completo el precio y las condiciones de los alquileres. Con la nueva normativa, el Estado tiene una voz en la determinación de los incrementos a lo largo del contrato.
Ambos coinciden en la necesidad de contar con organismos estatales que controlen el cumplimiento de la ley, ya que en la práctica, muchas inmobiliarias continúan operando fuera de sus disposiciones. Esta falta de control estatal ha permitido que se perpetúen prácticas que desfavorecen a los inquilinos y favorecen la especulación inmobiliaria.
En resumen, los defensores de la Ley de alquileres sostienen que su propósito no es perjudicar a ningún sector, sino equilibrar una balanza que históricamente ha estado inclinada en favor de las inmobiliarias y propietarios, dejando a los inquilinos en situación de vulnerabilidad. La discusión actual no es solo sobre la ley en sí, sino sobre el modelo de intervención estatal en el sector y la garantía de derechos fundamentales como la vivienda.
