
Detenida en Liniers: Justicia Alcanza a Prófuga por Trata de Personas con Menores
Un nuevo y contundente golpe al crimen organizado ha sido dado por los oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes, tras recibir una denuncia anónima al 911, lograron la detención de una persona de nacionalidad boliviana que había sido expulsada del país el año pasado, en diciembre, y estaba incumpliendo una condena por un delito tan repudiable como la trata de personas con menores de edad.
La pista que guió a los agentes llevó a un barrio de Liniers, en la calle Palmar al 7200. La denuncia alertaba sobre la presencia de una mujer que había sido deportada y a la que se le había prohibido el ingreso a Argentina por diez años.
La veracidad de la denuncia fue rápidamente corroborada a través de los sistemas de antecedentes de la Policía de la Ciudad y Migraciones. Con esta información en mano, la División Capturas y Búsqueda de Prófugos de la Policía de la Ciudad actuó velozmente. Se desplegó un operativo en la zona indicada, con el objetivo de capturar a la fugitiva.
Los oficiales no tardaron en visualizar a una mujer que coincidía con las características proporcionadas en la denuncia. Inmediatamente, procedieron a su identificación. Aunque al principio la sospechosa negó su identidad, finalmente fue establecida, confirmando que se trataba de la prófuga que buscaban.
La acción policial recibió el aval del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 1, a cargo del doctor Ricardo Basilio, y bajo la supervisión del doctor Ignacio Labadens. La justicia ordenó la detención inmediata de la mujer y su traslado a una penitenciaria federal para que cumpla su condena.
La gravedad de los crímenes por los que enfrenta justicia es incuestionable. A esta individua se le imputan delitos que incluyen la reducción a la servidumbre, formación y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el país con fines económicos agravados. Adicionalmente, se le considera autora material de trata de personas en la modalidad de captación y traslado con la intención de explotación laboral, agravada por abuso en situación de vulnerabilidad al tratarse de menores de 18 años. Está también imputada en un caso de desobediencia, bajo la jurisdicción del Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 7, a cargo del doctor Sebastián Casanello, y la Secretaría 14 de la doctora Michelle Moreau.