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En una operación reciente, la Fiscalía PCyF 35, especializada en delitos complejos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha desarticulado una banda criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de automóviles. La intervención resultó en la detención preventiva de tres personas, quienes fueron arrestadas durante un operativo encubierto mientras intentaban vender un vehículo robado.
La investigación, dirigida por la fiscal Celsa Ramírez, reveló que el grupo se enfocaba en la sustracción de autos de alta gama. Utilizaban sofisticados inhibidores de señales para desactivar alarmas y técnicas avanzadas para alterar los números de identificación de los vehículos, incluyendo chasis y motor. Los automóviles eran luego ofertados en MarketPlace de Facebook, donde la banda operaba con cierta impunidad durante un período significativo.
El caso más reciente implicó un Honda CR-V, que había sido robado en mayo a un funcionario municipal en San Miguel. Aunque inicialmente la causa estaba bajo la jurisdicción de la UFI N°24 de Malvinas Argentinas, la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Complejos de la Ciudad se activó cuando la División Sustracción de Automotores y Autopartes de la Policía de la Ciudad identificó una publicación en MarketPlace que coincidía con el vehículo sustraído.
Los investigadores, usando técnicas de vigilancia encubierta, se hicieron pasar por compradores interesados y coordinaron una reunión en una estación de servicio en Saavedra. Durante este encuentro, se descubrió que el vehículo tenía matrícula y cédula de identificación falsificadas, así como números de motor y chasis borrados. Además, se halló un inhibidor de señales, confirmando las intenciones del grupo de vender el auto robado.
El viernes pasado, el fiscal interino Mauro Tereszko solicitó la prisión preventiva para los acusados, solicitud que fue aceptada por el juez Agustín Riggi del Juzgado PCyF 19. Los cargos presentados incluyen asociación ilícita, hurto agravado de automotores, encubrimiento con ánimo de lucro, y falsificación y alteración de documentos públicos. Los acusados enfrentan penas de hasta 17 años de prisión.
La investigación continúa para identificar posibles cómplices y examinar otros vehículos que podrían haber sido robados y alterados para su venta ilegal. Este caso destaca la eficacia de las estrategias investigativas y el firme compromiso de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
